Elizabeth Carbajal presentó una batería de acciones judiciales para seguir percibiendo el sueldo equivalente a un juez de Cámara.
Mendoza23/07/2020 Mariano Bustos para MDZ ON LINE
Los equiparados a magistrados están dispuestos a defender sus privilegios a cómo de lugar y no se resignan a dejar de cobrar como jueces. Con ese objetivo, y según informó el portal MDZ ON LINE, este martes ingresaron a la Sala Segunda de la Suprema Corte distintas presentaciones judiciales que apuntan lisa y llanamente a "mantener el cargo, sus atributos y el nivel alcanzado" antes del dictado de la ley que les quita el beneficio de cobrar salarios de magistrados.
Entre las personas que iniciaron acciones judiciales aparece Elizabeth Carbajal -la secretaria privada del ya renunciado Jorge Nanclares- y otros funcionarios como Eleonora Lamm, María Milagros Noli, Cristóbal López Maida y Romina Cucchi.
Carbajal cobra como si fuese juez pero se desempeña como secretaria de la Suprema Corte. Por la antigüedad que acumula en el Poder Judicial percibe un salario cercano a los 405 mil pesos mensuales y eso motivó indignación en jueces civiles que cobran menos que ella pese a que tienen más responsabilidades. Pero no es la única. En las últimas décadas se empleó la figura de "equiparado a magistrado" para secretarios, directores, coordinadores y administradores que no cumplen funciones jurisdiccionales.
A ellos se les concedió el beneficio de cobrar el equiparado a lo que percibe un juez y esto generó asimetrías dentro de la Justicia. Incluso, desde el gobierno denuncian que las partidas presupuestarias que se liberaban en el Poder Judicial por distintas vacantes en lugar de ser utilizadas para suplir ese lugar se destinaban a equiparar a magistrados a distintos funcionarios.
En el mes de marzo el gobernador Rodolfo Suarez salió a cuestionar públicamente que la secretaria de Jorge Nanclares cobre 406 mil pesos por mes y envió a la Legislatura un proyecto para terminar con la figura de los equiparados a magistrados. Finalmente se aprobó la ley pero con varias modificaciones.
Por ejemplo, permite que los relatores de la Corte conserven la equiparación entendiendo que cumplen funciones equiparables a la de un juez. Ese criterio fue muy cuestionado desde la oposición, ya que entienden que de un universo de alrededor de 60 equiparados a magistrados, la ley le quitará el beneficio solo a 15.
Pero en lugar de avanzar para terminar con esa figura, lo que está ocurriendo en el Poder Judicial es todo lo contrario. Los equiparados que sí están alcanzados por la nueva norma y deberían perder el sueldo de privilegio, han iniciado acciones legales para que todo siga igual.
Así consta en las presentaciones realizadas por Carbajal, Eleonora Lamm, María Milagros Noli, Cristóbal López Maida y Romina Cucchi. En primer lugar presentan una acción declarativa de Certeza para que los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio determinen si esas personas están alcanzadas por la normativa y dejarían de cobrar como equiparados.
En segundo lugar sostienen "para el hipotético e improbable caso de que se interprete que la situación de quien efectúa esta presentación se encuentra comprendida en las disposiciones de la Ley 9.230 por las que se ordena suprimir cargos" se presenta una acción de inconstitucionalidad de la ley. Es decir, piden su "inaplicabilidad" a lo que suman en tercer lugar una medida cautelar "a los fines de preservar los derechos fundamentales en juego".
Así consta en la presentación de la procuradora Elizabeth Carbajal y en la de Eleonora Lamm, María Milagros Noli, Cristóbal Javier López Maida y Romina Cucchi. Todos ellos son representados por los abogados Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone Cajal.
La presentación realizada por los accionantes pone en una situación incómoda a los magistrados de la Sala Segunda de la Suprema Corte. Sucede que deberán resolver cuestiones que atañen a personas con las cuales existen vínculos personales forjados a lo largo de años de trabajo en conjunto. Incluso estos mismos magistrados les tomaron juramento al designarlos y fueron quienes crearon los cargos por acordada.
Es decir, magistrados como Omar Palermo que tuvieron intervención a la hora de crear el cargo ahora deberá resolver sobre el futuro de los mismos y la constitucionalidad de una ley que los afecta.
Es un hecho que la ley no fue bien recibida por varios magistrados del máximo tribunal que ahora deberán interpretarla. En el futuro esto podría generar un nuevo foco de conflicto en el Poder Judicial donde existe un fuerte distanciamiento entre los propios integrantes del tribunal.
FUENTE: MDZ ON LINE
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