Descubren que presos Tucumanos accedieron al bono de $ 10.000

Un representante del Servicio Penitenciario de Tucumán pidió que un banco pusiera un cajero automático en la zona para que los presos puedan utilizarlo para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Al menos 14 presos accedieron al subsidio, pero no descartan que sean todavía más los beneficiarios.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) recibió en los últimos días varios pedidos para que se le permitiera a los internos salir del penal para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).

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“Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, explicó la jueza de Ejecución Alicia Merched al diario La Gaceta.

"Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”, agregó.

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Entre los presos que solicitaron el IFE están:

Raúl “El Turco” Fadel (en 2014 había sido condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo).

Andrés Alejandro González (sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón).

Tomás Alejandro Ceballos (cumple prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, por el que también fue condenado Miguel “Piki” Orellana, hermano de los caudillos políticos de Famaillá).

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El gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, explicó que los reclusos no están contemplados en el pago del beneficio, pero aclaró: “Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia”.

El funcionario remarcó que “una cosa es que se otorgue el IFE y otra que se efectivice el pago. Por eso es importante que se haya decidido impedir la instalación del cajero. La Justicia tiene la responsabilidad de autorizar la salida del reo para cumplimentar el trámite”.

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La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, se comunicó con Salim y acordaron tomar medidas para evitar que los condenados cobren la asistencia.

FUENTE: MINUTO UNO