El gobierno ha dejado de abonar los sueldos de los arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, marcando el fin de una larga tradición establecida por la Constitución y perpetuada por una ley de la dictadura militar que estipulaba remuneraciones equiparables al 80% de un juez de primera instancia.
La renuncia voluntaria de los prelados a sus asignaciones mensuales, según lo establecido en la ley 21.950, es un hito significativo que redefine la relación entre la Iglesia y el Estado en el país.
La Constitución argentina, desde sus inicios, sostenía la obligación del Estado de sostener el culto católico, apostólico y romano. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri rompe con esta larga tradición al separar de manera más tajante las esferas religiosa y gubernamental. La decisión no solo tiene implicaciones económicas, sino que también lleva consigo un simbolismo político y social innegable.
Desde la Conferencia Episcopal Argentina, la confirmación de la culminación de este proceso de renuncia a los sueldos ha sido recibida con un comunicado que marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia en el país. Esta acción se presenta como una afirmación de la autonomía financiera de la Iglesia y su capacidad para autofinanciarse, lo que podría cambiar la percepción de la sociedad sobre el papel y la influencia de la institución en la esfera pública.
Además, se espera que el siguiente paso sea el fin de las contribuciones que perciben los seminaristas diocesanos y los párrocos de frontera, lo que sugiere una revisión completa de los vínculos financieros entre la Iglesia y el Estado argentino.
Esta medida no solo tiene implicaciones económicas, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el papel de la Iglesia en la sociedad moderna y su relación con el poder político. ¿Será este el comienzo de una tendencia más amplia en la que otras instituciones religiosas sigan el ejemplo de la Iglesia Católica y busquen independizarse financieramente del Estado?
En un momento en el que la Argentina enfrenta desafíos económicos y sociales considerables, esta decisión podría interpretarse como una señal de cambio en la forma en que la sociedad argentina ve la relación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, solo el tiempo dirá cómo evolucionarán las repercusiones de esta medida y si influirá en otras áreas de la relación entre ambas instituciones.
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Es una acción que va de la mano con una ordenanza muy cuestionada en la municipalidad de Alta Gracia. "Se trata de una medida ejemplificadora", manifestó el secretario General del municipio, Roberto Urreta.
Desde la institución hicieron sus apreciaciones en su cuenta de Twitter.
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