Luis Romano y Maximiliano Legrand, abogados defensores del exjardinero Armando Gómez y del exmonaguillo José Bordón, respectivamente, plantearon que las acusaciones no cumplen los requerimientos formales y les falta argumentación. Lo que se decidirá la próxima semana es si se deben introducir correcciones a la investigación o si alguno de los imputados queda sobreseído en el proceso.
Sin esta instancia no se puede definir la fecha de elevación a juicio oral, aunque en las últimas horas ha surgido un escollo más que podría impedir la definición del debate. Se trata de una nueva denuncia a dos intérpretes de lenguaje de señas y a un perito psicológico por parte del defensor oficial Víctor Banco.
El abogado fue quien logró el sobreseimiento de uno de los primeros imputados en la causa, el hombre conocido como J.L.O, que por su discapacidad mental fue declarado inimputable, publica el diario UNO. La acusación de mala traducción de los testimonios realizada contra los intérpretes no fue expuesta solo por Banco. Carlos Varela Álvarez, el defensor de las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, se sumó a este cuestionamiento.
El punto es que si la denuncia es tenida en cuenta por el juez de garantías, puede hacer tambalear la investigación. En cambio, si la Justicia no hace lugar a las objeciones, el caso sigue su curso y sólo faltaría poner fecha al juicio oral.
Por su parte, Oscar Barrera, uno de los abogados querellantes, expresó con respecto a las acusaciones hacia los intérpretes: "Esto ya se trata de un trámite persecutorio, no de una estrategia defensiva. No van en busca de la verdad sino que intentan proteger a una institución".
Barrera se refirió a cómo pedirán los defensores de las víctimas que se realice el juicio. Por empezar, lo que solicitan es que se efectúe un único debate, sobre todo para proteger a los afectados.
Según describió el letrado, este caso se da como en círculos concéntricos: en el núcleo están los acusados directos (los que perpetraron los abusos), alrededor de ellos, los colaboradores: es decir, los partícipes secundarios del delito. Y por afuera, los que sabían lo que sucedía y no hicieron nada para evitarlo. El abogado explicó, además, que quieren un protocolo para llevar adelante los debates, que se formalice a través de una acordada de la Suprema Corte.
"Lo que estamos intentando es que todos los juicios que involucren a personas discapacitadas se regulen de la misma manera", dijo. Esto implica, por ejemplo, no volver a tomar testimonios a quienes ya los dieron -inclusive existen las filmaciones-, para no revictimizar.
El planteo de la defensa de dos monjas acusadas
La defensa de las monjas Kumiko y Martínez, encarada por el estudio de Carlos Varela Álvarez, sostiene que las denuncias en el caso Próvolo han debido ser interpretadas porque los denunciantes son hipoacúsicos, algunos de ellos con otras patologías asociadas. La mayoría de esas declaraciones se han tomado bajo la técnica de la cámara Gesell. Las preguntas se hacen vía el fiscal que se las pasa a los intérpretes y de su versión pasan al papel.
Lo mismo con sus pericias psicológicas, donde el intérprete se supone que transmite lo que la persona le seña. Según los mismos profesionales, el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia analizó 17 cámaras Gesell y dictaminó que hubo tergiversaciones y sugestiones de los relatos por parte de los intérpretes.
La causa que investiga los supuestos abusos sexuales dentro del Instituto Antonio Próvolo para chicos sordos e hipoacúsico sumó en las últimas horas cartas con un alto contenido sexual y dibujos obscenos que comprometerían la situación del cura Horacio Corbacho, preso e imputado por 16 ataques contra menores. Las notas fueron encontradas durante uno de los allanamientos que se ordenaron después de las denuncias. Estaban escondidas en la habitación del sacerdote, adentro de un baúl. “Lo llamativo aquí es que por algo Corbacho conservaba esas cartas, debía considerarlas de importancia por alguna razón”, dijeron los investigadores al diario Los Andes.
En total eran 50 las misivas que encontraron y en por lo menos la mitad quedaba evidencia de la actividad sexual que había dentro de la escuela de Luján de Cuyo. Se trataba de un intercambio con un diácono de Buenos Aires de iniciales R.J.J.G., en el que los dos religiosos se referían al Próvolo como un “telo”, en referencia a un hotel alojamiento, y hablaban de una “gatita” con quien Corbacho tendría encuentros.
Las mismas, según confirmó uno de los abogados querellantes a Télam, “tienen dibujos obscenos y contenidos de índole sexual”
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