Mientras la política nacional discute los motivos de las ocupaciones de tierras como si se tratara de un problema académico, el intendente del El Bolsón, Bruno Pogliano (Juntos Somos Río Negro), reclama una esquiva orden de desalojo para recuperar unas 60 hectáreas de reserva forestal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA). "Hay necesidades, pero también huele a negocio detrás", advierte Pogliano, en diálogo con Diario La Nación, en referencia a los ocupantes.
¿Cuál es la situación actual de las ocupaciones?
Seguimos con la toma del Mirador del Azul y Cabeza del Indio, pero nos preocupa que no haya una orden de desalojo. Se avanza con la toma en áreas de bosque, que son recursos turísticos fundamentales para la región.
¿Quién debería emitir la orden de desalojo?
El juez federal Gustavo Zapata, de Bariloche, porque las tierras son federales, son del INTA y, por lo tanto, la competencia es nacional.
Usted se mostró decepcionado con la reacción de la fiscal federal Silvia Little
Sí, porque una de las primeras cosas que dijo era que no consideraba que hubiera delito, que no lo tipificaba como usurpación porque no se habían violentado alambrados. Fue extraño y jurídicamente difícil de justificar. Nosotros pedimos el desalojo. No un desalojo violento, sino pacífico. El sábado los vecinos de El Bolsón marcharon para pedirle esa medida al juez. Queremos recuperar el lugar para todos.
¿Los ocupantes tienen apoyo político?
Llama poderosamente la atención el nivel de organización. En este caso no hay reivindicación de pueblos originarios. Pero no podemos afirmar quién está detrás.
¿Cómo se produjo la toma?
Empezó hace dos semanas, un viernes por la mañana, y a la tarde ya había 130 familias instaladas. Fue de golpe, con velocidad y un alto nivel de organización. Aparecen familias llegadas de otros lugares, que fueron trasladadas. Y ya detectamos que algunos están revendiendo los lotes por las redes sociales.
¿Revendiendo lotes?
Sí. Por eso consideramos que puede haber necesidades, pero también se huele un gran negocio detrás.
¿Cómo se puede revender una propiedad que pertenece al INTA?
Sí, es un verdadero disparate. Pero ya ocurrió en Loma del Medio. Primero fueron dos familias y ahora allí hay 5000 personas viviendo, y compra y venta de lotes de tierras federales. Eso fue en el 2011 y también pertenecen al INTA.
¿En el caso de Loma del Medio tampoco hubo orden de desalojo?
No, se dejó avanzar cuando eran pocas personas y se consolidó. Ahora el INTA quiere dar esas tierras al municipio para que se ordene habitacionalmente. Pero desde 2015 a 2019 no hubo ninguna ocupación. Y ahora volvieron.
¿Es casualidad?
Esa es la pregunta que me queda, porque las ocupaciones volvieron a avanzar con la misma metodología. Es una casualidad grande. Nosotros no queremos politizar, pero tenemos la necesidad de recuperar reserva forestal. Es el lugar clave para la actividad turística, es el punto desde donde se contempla toda la belleza de nuestra localidad, el Mirador del Azul lleva la vista a la precordillera, al río.
¿Hay fuerzas federales?
Las fuerzas federales llegaron hace cinco días. Celebramos que estén acá. La PSA llegó cuando ya había 200 familias. La justicia pidió tardíamente el accionar. No es responsabilidad del Ministerio de Seguridad. La justicia debía determinar antes.
¿Hubo actos de violencia?
No. Pero algunos de los ocupantes tienen armas. Hay sectores vinculados a la delincuencia. Nosotros presentamos un amparo ambiental en la justicia provincial. Lo aceptaron. Eso nos permitió armar retenes para frenar nuevas ocupaciones.
¿Fue apedreado un vehículo de la PSA?
Sí. El sábado. Fue en el pueblo, mientras estaban en el lugar que se le prestó para alojamiento. Apedrearon un camión y una camioneta
¿El juez mostró voluntad de actuar?
No. De hecho tiene asiento en Bariloche, al norte de El Bolsón. No lo conozco. Es bastante anónimo. Con la fiscal se hizo una reunión. Allí manifestamos que nuestra manera de negociar era con los ocupantes afuera de las tierras. Y que le buscaríamos reubicación. Pero no aceptaron. Usaron evasivas.
¿Cómo le cae que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, diga que es un problema de déficit habitacional?
Nos preocupa. Porque la reventa de lotes muestra que no es sólo una cuestión de necesidad. Se suma al delito de usurpación. Si nos tocan los recursos turísticos, nos tocan nuestros ingresos como comunidad. Además el conflicto acarrea problemas ecológicos y ambientales. Y genera situaciones de inseguridad, con gente con prontuarios.
¿Existe relación entre los ocupantes y la agrupación de Juan Grabois?
La gente de Grabois, que acá tienen como referentes a Juan Fernández, colabora en la elaboración de un listado de gente. Tienen una actitud colaborativa.
Por: Damián Nabot para Diario La Nación
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