Es por la licitación de equipamiento informático realizada en 2010. La operación había sido cuestionada en dos oportunidades.
Mendoza17/09/2018 Daniel Peralta para Diario Los Andes
La Dirección General de Escuelas decidió la cesantía de tres empleados del organismo. El titular de la DGE Jaime Correas firmó los despidos el 4 de setiembre pasado. Pero además el viernes último hizo la denuncia penal contra los ex agentes.
La denuncia es por la compra irregular de computadoras, impresoras y toner.La operación cuestionada se realizó en 2010, época en la que el titular de la DGE era Carlos López Puelles.
Los tres despedidos son la ex directora Financiero-Contable Bibiana Nieto, el ex director de Administración, Tecnología y Recursos Humanos Carlos González, y el ex coordinador de Infraestructura y Tecnología Informática Marcelo Federicci. Los tres tuvieron cargos políticos, conocidos como fuera de escalafón, pero los tres siguieron trabajando con cargos de planta en la DGE: hasta el 4 de setiembre Nieto tenía clase 13, González y Federicci tenían clase 10.
Según la actual gestión, uno de los despedidos, Carlos González, también sería socio de la empresa que ganó la licitación cuestionada.
También fue sancionado ex contador general de la DGE Sergio Tonolli, quien fue suspendido por 30 días. Terminada su gestión con cargo fuera de nivel siguió en la repartición con una clase 12.
En 2010 hubo una licitación por la compra de equipamiento informático que ganóInfo Cuyo SA. La DGE adquiría 700 PC, 700 impresoras con dos cartuchos de toner originales adicionales, según indicaba la orden de compra. Tres años después, en julio de 2013, el Tribunal de Cuentas (HTC) emite el fallo 16.053 en el que cuestionan esa operación.
El HTC encontró remitos duplicados, es decir se repetía el número del documento, pero se indicaban distintas escuela como destino del equipamiento; además dictaminaban que 59 computadoras y 15 impresoras no tenían respaldo documental, así como 7 PC y 7 impresoras habrían sido entregadas a escuelas inexistentes.
Además cuestionan que, según la orden de compra, cada impresora venía con un cartucho de toner y dos cartuchos adicionales, en total tres cartuchos por impresora, pero sólo se entregaron dos.
Por estos cuestionamientos, el HTC decide abrir “pieza separada”, es decir continuar poniendo la lupa sobre la compra del equipamiento. Dos años después,el 24 de junio de 2015, el Tribunal emite el fallo 16.410. Allí cierran el capítulo de las PC, pero siguió cuestionando en que faltaban 700 toner.
Según el HTC el perjuicio para el Estado sería de 600.600 pesos mas 312.180 pesos en intereses; en total 912.780 pesos que fueron impuestos como cargo a pagar por los tres cesanteados.
El actual director general de Administración Gabriel Sciola, dijo que una vez asumida la nueva gestión se iniciaron los sumarios administrativos y “unos días después de que iniciáramos el sumario, llegó un fletero diciendo que venía a entregar 700 cartuchos de toner. Les preguntamos quien los envió y no dio precisiones. Le dijimos que no recibiríamos nada sin remito, ni orden de compra”.
Sciola también relata que las 59 computadoras que se mencionan en el primer fallo, fueron entregadas en el depósito de la ex Bodega Giol. “Eran la carcaza, ahí están en Giol, no se pueden usar, por dentro no tienen nada”.
-Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. ¿No hay riesgo de prescripción?- consultó Los Andes.
-No. El Estatuto establece plazos y había que terminar la etapa administrativa, para llegar a la penal.
Fuente: Diario Los Andes
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