Un director de Télam denunciado.

Mientras los trabajadores de la agencia estatal de noticias reclaman por la reincorporación de 357 despedidos, la Oficina Anticorrupción tiene en sus manos una denuncia contra Maximiliano Tomas por violar la Ley de Ética Pública al acumular cuatro cargos públicos rentados.

Argentina 06/07/2018 Edgardo Montivero Edgardo Montivero
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Mientras los trabajadores de Télam se movilizan para exigir la reincorporación de sus 357 compañeros despedidos sin causa por el ministro Hernán Lombardi, la Oficina Anticorrupción tiene en su poder desde hace dos semanas una presentación contra un funcionario de Cambiemos designado como personal jerárquico de la agencia de noticias y publicidad estatal, denunciado por violar la Ley de Ética Pública al acumular cuatro cargos públicos rentados.

Se trata de Maximiliano Tomas, quien además de su rol directivo en Télam presta funciones en el gobierno porteño y de manera indirecta para la Televisión Pública y Radio Nacional. La denuncia señala además un posible conflicto de intereses por trabajar también para algunas de las principales editoriales del mercado, sobre cuyas obras debe decidir luego qué publicar o no en la agencia.

La incompatibilidad para ocupar más de un cargo en el Estado fue la razón invocada por el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros meses de gestión para justificar el despido de periodistas de los medios públicos. “Una condición que pusimos es respetar la ley”, destacó en abril de 2016 el secretario de Medios, Jorge Sigal, para explicar el despido del periodista Pedro Brieger de la TV Pública.

“Así, comunicamos al Sr. Brieger que atento a la Declaración Jurada del Régimen de Incompatibilidad vigente (por él mismo firmada) cobrar en Canal 7, Radio Nacional y Télam configuraba una situación ilegal”, precisó en un comunicado.

Tomas firmó la misma declaración al ser designado “secretario general de redacción” de Télam en abril de 2016, cuando ya llevaba tres años bajo relación de dependencia en el gobierno porteño como programador del área de letras del Centro Cultural San Martín, sostiene la denuncia.

En agosto “transformó (esa relación laboral) en otra simulada bajo un presunto régimen de facturación autónoma que continúa hasta la actualidad”, advierte la presentación, que incluye comprobantes de diversos trabajos facturados al Ejecutivo de la ciudad.

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