Moyano cierra suba del 25% y fija nuevo piso para revisión de salarios

El sindicato de Camioneros, que encabeza Hugo Moyano, pactó ayer un aumento salarial del 25% y generó así un nuevo piso de referencia para las negociaciones de las cláusulas de revisión de las paritarias cerradas durante el primer semestre. El resultado será el opuesto al deseado por el Gobierno: de ser durante años la guía por adelantado de la ronda de discusiones con la fijación de un valor tope para el resto de los gremios, el dirigente pasó ahora a establecer un nuevo mínimo orientativo. 

El entendimiento firmado ayer entre Moyano y la principal cámara de empresas del transporte de cargas (Fadeeac) desactivó la huelga que había lanzado el camionero para las 48 horas posteriores al paro de la CGT previsto para el lunes. Aunque en un primer momento el Ministerio de Trabajo amagó con poner trabas al reconocimiento formal del acuerdo anoche, cerca de Jorge Triaca, admitieron que el expediente será homologado. 

La negociación corrió por cuenta casi exclusiva de Moyano. El dirigente convocó ayer al presidente de Fadeeac, Daniel Indart, a la sede de la Federación de Camioneros, en la avenida Caseros. Apenas se hizo acompañar por Hugo Antonio Moyano, uno de sus hijos y abogado del gremio, y por Rodrigo Condori, otro de los letrados de la organización. Junto a Indart estuvieron Alfredo Guagliano y Lucio Zemborain, vicepresidente y abogado de la entidad patronal, respectivamente. El sello del sindicalista ya había estado presente en la primera audiencia de negociación, algo que históricamente delegaba en Pablo Moyano, su hijo mayor, para reservarse las últimas gestiones. Ambos dieron a conocer por la tarde el arreglo. 

El acuerdo se estructuró con una primera suba del 8% con los sueldos de julio, y otras dos del 7,6% cada una en noviembre y marzo, cuando operará una cláusula de revisión. La suma nominal determinó un incremento del 23,2% pero, al ser acumulativas las cuotas, la suba final será de poco más de 25 por ciento. El acta no incluyó otros ítems a pesar de que el sindicato dio a conocer que había también un bono de fin de año. 

En la cartera laboral buscaron matizar la novedad: dijeron que la distribución en tres tramos hará que el aumento real de bolsillo para los doce meses será de 16 por ciento. La misma lógica rige para los sindicatos que firmaron el 15% en cuotas fijado por la administración de Mauricio Macri durante el primer cuatrimestre. 

En cualquier caso el entendimiento tendrá impacto durante la segunda mitad del año en todo el espectro gremial. No sólo para los pocos sindicatos que todavía no cerraron sus paritarias sino, sobre todo, para la inmensa mayoría que ya firmó e incluyó cláusulas de revisión. El propio Gobierno había estirado la semana pasada la pauta de 15% a 20% al decretar la opción de reapertura de negociaciones en esos casos con hasta cinco puntos extra como límite pero el 25% de ayer se convertirá en una referencia ineludible. 
"No puedo entender cómo en otras actividades no quieren reconocer un aumento que les permita a los trabajadores vivir con dignidad", afirmó en conferencia de prensa el líder del gremio, quien avisó: "Esto es una pauta para el resto de los trabajadores. Me duele muchísimo cuando a un trabajador se le niega un aumento".

La decisión del Gobierno de elevar la tensión con Moyano terminó por situar al dirigente al centro de la escena sindical y política. La secuencia de denuncias penales impulsadas por el oficialismo contra la familia de Moyano y sus intereses en el gremio y en el club Independiente lo radicalizaron no sólo en la paritaria sino también en la CGT, donde pasó a ser el eje de la oposición a Macri, y hasta en el PJ. 

Ayer en la cartera laboral destacaron que el acuerdo paritario calmará en parte la conflictividad sindical. Explicaron, sin embargo, que reservarán un elemento de presión con las multas que la Secretaría de Trabajo estudia aplicarle al gremio por supuestos incumplimientos a instancias de paz social en diciembre pasado y días atrás, cuando regía una tregua por el dictado de la conciliación obligatoria. Esas sanciones, que de acuerdo con la normativa pueden superar los mil millones de pesos cada una, quedarán sin embargo sujetas al vaivén de la relación entre la Casa Rosada y el dirigente. 

Tras el paro del lunes de la CGT el Gobierno buscará reactivar los puentes de diálogo con los referentes de los sectores más dialoguistas con el propósito de acotar el margen de maniobra del camionero con vistas al recambio de autoridades en la central obrera pautado para agosto y el reordenamiento del peronismo para las elecciones de 2019.