La presentación del proyecto de presupuesto es la oportunidad que año tras año se nos presenta para discutir la forma en que el Estado Nacional asigna y distribuye recursos para garantizar los derechos humanos. 

La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental constituyó un hito en el proceso de sustitución del modelo biomédico y hospitalocéntrico, centrado en el aislamiento de las personas con discapacidad psicosocial en grandes instituciones psiquiátricas, por uno de salud mental comunitaria, compuesto por una red de dispositivos alternativos a la internación que garanticen un abordaje humanizado e integral. La norma obliga al Estado a crear un sistema descentralizado y accesible, en el que todos los centros de atención primaria y los hospitales generales del país cuenten con equipos interdisciplinarios que brinden asistencia de calidad en salud mental y en el que todas las personas cuenten con apoyos para vivir en la comunidad y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. 

La política presupuestaria se perfila como una dimensión central para lograr este cambio. Por ello, la ley 26.657 dispone que, como mínimo, el 10% del gasto total de salud debe destinarse a salud mental (art. 32). Si bien esta obligación tenía que alcanzarse en el plazo de 3 años desde la sanción de la norma, hasta el momento este porcentaje nunca superó el 2,2%, y para el año próximo, representará solamente el 1,48% del presupuesto total de salud . Al analizar la composición de este escaso porcentaje, se observa que gran parte de esos fondos se siguen destinando a los hospitales monovalentes nacionales, que para 2022 prevén continuar con la misma cantidad de personas internadas que este año.

La situación presupuestaria de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones es la más preocupante. Este organismo se encuentra a cargo de ejecutar la Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” , en el marco de la cual se prevé desarrollar acciones de capacitación, de fortalecimiento de los servicios de salud mental con base en la comunidad, de promoción de las externaciones, entre otras destinadas a cumplir la ley. A pesar de su trascendencia para transformar el modelo de atención, los recursos destinados a esta actividad registraron una drástica disminución a partir de 2016. En este sentido, entre 2015 y 2021 se redujeron un 78,06%, es decir que la Dirección perdió casi 600 millones de pesos en 6 años. A su vez, los recursos proyectados para el 2022 caen un 12,13% en relación con los asignados para el año en curso.

Este ajuste reviste particular gravedad si se considera el impacto que la pandemia del COVID-19 y la crisis social y económica que atraviesa Argentina tienen en la salud mental de la población. En este sentido, fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de atención debe ser una prioridad para los próximos años.

Por estas razones, el Congreso Nacional debe garantizar un aumento de los recursos destinados a la Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Programa 42 del Ministerio de Salud para 2022. De esta forma, dicho organismo tendrá más dinero para implementar acciones de prevención en salud mental, garantizar abordajes en el primer nivel de atención y en todos los hospitales generales, fortalecer la red de servicios y dispositivos con base en la comunidad, asistir a las personas con discapacidad psicosocial en sus procesos de externación, atender las consecuencias de la pandemia en la salud mental de la población, y asegurar la implementación del Plan Nacional de Salud Mental 2021-2025.

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FIRMAN:

- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

- XUMEK, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos

- Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

- Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental Comunitaria de Bariloche, Río Negro (ACUFA)

- Equipo de Investigación, Acción y Docencia en Desmanicomialización y Desastres (EIADES)

- Posgrado en “Salud mental, legislación y derechos humanos” de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

- Posgrado en Desmanicomialización de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

- Posgrado en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Pandemia y Desastres de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)

- Posgrado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

- Cooperativa de Trabajo “La Huella”

- Doctorado, Maestría y Especialización de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)

- Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones (CCHSMyA) de la Ley 26.657

- Colectivo Agroecológico del río Negro, Comarca Viedma - Patagones

- Residencia de Salud Mental del Hospital Cabred

- Colectivo Praxis de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

- Práctica de "Salud mental y Desinstitucionalización" de la Facultad de Psicología de de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

- Federación de Cooperativas Autogestionarias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)
- Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires: Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo (AAPPG), Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia (ASAPPIA), Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), Asociación Civil Forum Infancias, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (APGCABA), Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG), Asociación Gestáltica de Buenos Aires (AGBA), Centro Oro Asociación Civil, Colegio de Psicoanalistas, Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Alborada de Docencia, Investigación y Asistencia en Psicomotricidad - FUNADIP.