El gobierno nacional define qué pasará con el IFE y el ATP
Integrantes del Gabinete Económico del Gobierno nacional mantuvieron hoy en Casa Rosada una reunión de "carácter técnico", en la que se trabajó en detalles sobre IFE, ATP y créditos para empresas.
Según confirmaron fuentes que participaron del encuentro, el objetivo es "analizar a qué se destina cada peso" por parte del Estado de cara al próximo año.
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"Hay que tener en cuenta que el pago de una cuota de IFE es equivalente al presupuesto de Vialidad Nacional", destacó uno de los participantes en diálogo con la prensa acreditada.
La reunión no contó con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ni del ministro de Economía, Martín Guzmán, pero si estuvieron la viceministra Cecilia Todesca; el ministro de la Producción, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Tal como informó esta semana Ámbito, la baja en la cantidad de contagios que permitió al área metropolitana de Buenos Aires salir del aislamiento abrirá una ventana de posibilidad para empezar a desmotar los programas de inversión fiscal como el ATP y el IFE. Debido al impacto de la pandemia de coronavirus, los ingresos han sufrido y el gasto público ha aumentado para auxiliar a las empresas privadas en el pago de salarios y para asistir a sectores de la economía informal.
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Cada cuota mensual de IFE demanda una inversión fiscal de 90 mil millones de pesos. En los seis meses de vigencia del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) ya se invirtieron 207 mil millones de pesos para cubrir el pago del 50% de los salarios de trabajadores del sector privado. Otros $202 mil millones se destinaron al Salario Complementario. Ese volumen de fondos que destina el Estado a atender la crisis económica de la pandemia no está contemplada en el Presupuesto 2021.
Solo 10 provincias, algunas de manera parcial como Buenos Aires, continuarán en aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de este lunes. La eliminación de la mayor parte del gasto asociado al covid-19 le permitiría al gobierno reducir el gasto público para intentar cumplir con el objetivo de alcanzar un déficit del 4,5% del PIB.
FUENTE: ÁMBITO FINANCIERO
