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El expresidente brasileño está cada vez más más cerca de la cárcel.
Mundo05/04/2018
Edgardo Montivero
La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) esta madrugada de rechazar el pedido de habeas corpus preventivo de Luiz Inacio Lula da Silva abrió muchos interrogantes sobre qué puede pasar ahora con el expresidente brasileño, condenado ya en segundo grado a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Aunque el 24 de enero el Tribunal Federal Regional de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, ya ratificó la condena contra Lula expedida por el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, y luego, el 26 de marzo, la misma corte rechazó los recursos (embargos de declaración) que presentó la defensa del ex presidente al pedir los fundamentos de los tres magistrados que confirmaron la sentencia, los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) aún pueden apelar al TRF-4. Se trata de un recurso llamado "embargo de los embargos", pero que son considerados apenas una medida dilatoria y que normalmente son negados de forma rápida. El plazo para presentar ese recurso termina el próximo lunes 9 de abril. El proceso en segunda instancia sólo puede ser considerado totalmente terminado cuando se defina esta posibilidad de apelación.
Aunque lo común es que el juez de primera instancia que debe emitir la orden de detención del condenado aguarde hasta que la corte de apelaciones publique su decisión final sobre un proceso al que le caben recursos, en teoría, con el habeas corpus preventivo rechazado por el STF, Moro podría ya ordenar el arresto de Lula. Dada la importancia política del reo y la sensibilidad social del caso, lo más probable es que el juez de Curitiba espere hasta que se resuelvan todas las cuestiones jurídicas y administrativas; esos trámites durarían en torno a diez días.
Una vez dada la orden de detención por el juez Moro, los abogados de Lula podrían presentar nuevos recursos de habeas corpus tanto ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) como ante el STF, esta vez no de carácter preventivo sino para levantar una medida que consideran ilegal o producto de un abuso de poder. Asimismo, cabe a la defensa luego presentar apelaciones de la condena también ante el STJ y el STF si se alega que en el proceso judicial se violaron leyes federales (recurso especial ante el STJ) o principios amparados en la Constitución (recurso extraordinario ante el STF). Más allá de estas vías domésticas, los abogados del exmandatario apuntaron que podrían recurrir a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, por considerar que en Brasil se violan derechos fundamentales de su cliente.
Hasta el momento no ha sido revelado el lugar donde Lula quedaría eventualmente confinado, aunque todo apunta a que quede preso en el Complejo Médico Penal de Pinhais, en las afueras de Curitiba, donde cumplen sus penas varios otros políticos y empresarios condenados como consecuencia de las investigaciones anticorrupción de la Operación Lava Jato.

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