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Bajo la premisa de que su procesamiento reviste una "enorme gravedad institucional", Cristina Kirchner apeló la decisión del juez Claudio Bonadio que la acusó de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos. En este sentido, Cristina dijo que podría acudir a la Corte Suprema de Justicia, y también ante los organismos internacionales de Derechos Humanos. La ex presidenta se refirió al fallo de Bonadio como"500 páginas inútiles", negó los cargos señalando que nada de esas acusaciones se corroboró y dijo que los testimonios de los "arrepentidos" resultan "contradictorios".
El juez Bonadio determinó que entre 2003-2015, Cristina "habría admitido dádivas en consideración de su oficio en veintidós oportunidades" y "habría recibido dinero para hacer o dejar de hacer actos relativos a sus funciones en otras cinco ocasiones". Todo eso en el marco de una asociación ilícita comandada por la senadora que habría operado entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 para poner en funcionamiento un “sistema de recaudación ilegal”.
Los pagos en cuestión habrían sido efectuados por decenas de empresarios (todos contratistas del Estado) y recibidos por ex funcionarios del anterior gobierno. Asimismo, la resolución de Bonadio remarcó que en el departamento de la ex Presidenta ubicado en las calles Uruguay y Juncal, se realizaron 86 entregas de dinero por U$S 70 millones.
En esta causa, junto a otros 41 procesados, el magistrado trabó para cada uno un embargo de $ 4.000 millones, remarcando que en el caso de los ex funcionarios "llevaron a sus respectivos patrimonios al menos U$S 100 millones".
Para la defensa de Cristina, a cargo del abogado Carlos Beraldi, la imputación es "totalmente falsa" y expresa "falta de sustento jurídico" al punto que "resultan tan ostensibles que pueden ser constatadas a través de una simple pero agotadora lectura de las más de quinientas páginas inútiles que componen el decisorio".
"La imputación de Bonadio es tan poco seria que ni siquiera puede describirla de un modo preciso, tal como lo requiere cualquier auto de procesamiento que dicte un magistrado que reúna condiciones técnicas mínimas para desempeñar el cargo", expresa el escrito de 18 páginas al que accedió Clarín.
En este sentido, indicó que al iniciar el fallo con la frase “esta mecánica funcionaba más o menos así”, ante "la grandilocuencia se denomina un “fallo histórico” ni siquiera satisface el requisito más elemental que debe tener un pronunciamiento de mérito" y dijo que se habla genéricamente de "veintiocho delitos y ni siquiera en uno de ellos se describe con la precisión que exige un auto de mérito cuál es la conducta concreta atribuida".
Respecto a la prisión preventiva, âla defensa de la ex Jefa de Estado planteó en su apelación que no existe "ni la más remota posibilidad de que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, cuyos movimientos son permanentemente monitoreados por el Estado, se sustraiga del accionar de la justicia".
Además, recordó su abogado que la senadora "tiene prohibida su salida del país y siempre que viajó al extranjero en estos últimos dos años y medio, previa autorización judicial, regresó a la Argentina, cumpliendo todas las obligaciones procesales que le fueron impuestas".
En otro tramo del extenso procesamiento, el juez Bonadio indicó que si bien "no se ha[n] constatado entregas de sumas dinerarias ilegítimas a manos de la propia FERNÁNDEZ”, esto no la exime de responsabilidades. Entonces utilizó varios testimonios de los imputados colaboradores que la señalaron a la ex Mandataria como responsable del circuito de recaudación instaurado y en pleno conocimiento de su funcionamiento.
Al respecto, Cristina Kirchner dijo: "Pese ingentes esfuerzos realizados para demostrar -como sea- lo contrario, no existe un solo elemento de prueba (...) que permita sostener" que ella "hubiese recibido pagos indebidos por parte de algún contratista del Estado o de cualquier otra persona".
Después desestimó el relato de ex funcionarios y empresarios que apuntaron contra la ex Mandataria. Para ella, sin embargo, son "contradictorios" y no demuestran su responsabilidad en la estructura que se dedicó al cobro de sobornos a contratistas del Estado en tres áreas delimitadas: transporte, obra pública y energía.
"Distintos arrepentidos que confesaron la comisión de delitos aseguraron que las fechas, los montos o los encuentros a los que se hace referencia en los presuntos cuadernos no se condicen con la realidad y, por lo visto (el Juez) consideró verídicas todas estas explicaciones. Ello así pues en caso contrario debió haber extraído testimonios para investigar a todos los imputados que proporcionaron “maliciosamente información falsa o datos inexactos” .
Fuente: Clarín
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