Allasino se presentó en la Corte Suprema para defender los intereses de Luján de Cuyo

El Intendente presentó un reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para exigir el cumplimiento del resarcimiento económico que la provincia le adeuda a Luján de Cuyo. Esta acción surge como respuesta a la negativa del Ejecutivo Provincial de reconocer recursos que legítimamente pertenecen a la comunidad.

El conflicto se remonta al año 2010, cuando la municipalidad de Luján de Cuyo resolvió un diferendo limítrofe con el municipio de Maipú. Como resultado, se formalizó el reconocimiento de un territorio específico comprendido entre las calles Terrada y Vieytes, y entre Juan José Paso y Azcuénaga. Posteriormente, en el año 2017, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la incorporación oficial de una importante zona del Pedemonte, conocida como Vertientes del Pedemonte, al territorio del departamento de Luján de Cuyo.

El reclamo de Esteban Allasino a Alfredo Cornejo por la coparticipación en Luján

Estos avances administrativos y judiciales motivaron a los Intendentes anteriores, Omar De Marchi en 2018 y Sebastián Bragagnolo en 2021, así como al actual Jefe Comunal, Esteban Allasino, a realizar diversos recursos administrativos para que la provincia reconociera el fallo judicial y compartiera los recursos correspondientes por estas áreas anexadas.

A pesar de los esfuerzos administrativos previos, el recurso presentado por el Intendente Allasino ante la provincia venció sin respuesta por parte del Ejecutivo Provincial. Ante esta situación, Allasino ha decidido llevar el caso ante la Justicia, con el firme compromiso de agotar todas las instancias legales para proteger los intereses de los vecinos de Luján de Cuyo.

Además del reclamo por los recursos correspondientes a las áreas anexadas, el Intendente Allasino aboga por una revisión profunda del sistema de Coparticipación Provincial. Considera que la actual ley es obsoleta y perjudica el desarrollo económico de la provincia. Propone la elaboración de una nueva ley que incluya un componente de coparticipación devolutiva, basada en criterios de eficiencia, desarrollo económico real y situación fiscal de cada municipio.