Infancia en Deuda: "Las clases no empezaron para todos"

Opinión 03/03/2022 Por Luján 365
Esta semana se completa el inicio del ciclo lectivo 2022 en todo el país; sin embargo, no todas los niños y adolescentes volvieron a las aulas.
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Los dos años de pandemia acentuaron las desigualdades educativas que ya perjudicaban a los estudiantes más vulnerabilizados. La falta de acceso a la conectividad y a políticas de sostenimiento de las trayectorias escolares, implicó que miles de alumnos interrumpan su vínculo con las escuelas. 

Aunque no existen datos oficiales, se estima que al menos 500.000 estudiantes no empezaron las clases en la educación obligatoria, lo que equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario.

En este contexto, la falta de estadística oficial así como la ausencia de información sobre las medidas adoptadas es inaceptable, aseguran desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina.

Para contar con información que permita analizar la situación y reclamar las políticas correspondientes, ACIJ iniciará reclamos administrativos contra el Gobierno Nacional y acciones judiciales contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Salta. Además, junto a diversas organizaciones de Infancia en Deuda, se presentará una serie de notas a las autoridades educativas nacionales y provinciales exigiendo respuestas por esta problemática.

"Ante la falta de respuestas oficiales, iniciamos reclamos administrativos y acciones de amparo a fin de conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se desvincularon de las escuelas y qué medidas se adoptaron para buscarlos”, expresó Francisco Rodríguez, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.

La desvinculación escolar agravada por la pandemia convive con una serie de problemáticas estructurales que dificultan o impiden el ingreso y permanencia en las escuelas. En especial, se destacan la falta de acceso a vacantes desde el nivel inicial, la negativa de la matrícula en escuelas comunes públicas y privadas por motivos de discapacidad, así como la ausencia de los apoyos necesarios para el acompañamiento de sus trayectorias escolares que les permitan aprender, participar y progresar sin discriminación.

“Los estados son responsables de garantizar las condiciones para el acceso, la permanencia y el egreso de la educación obligatoria sin discriminación”, concluyó Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.

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