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Desde el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) impusieron un amparo colectivo, con alcance nacional, contra el extra que se impuso a la tarifa del gas, como consecuencia del aumento del dólar.
La semana pasada, desde la Secretaría de Energía, se informó que a partir de enero del 2019, los usuarios deberán pagar, en 24 cuotas y con interés, la diferencia del precio del gas registrada entre abril y septiembre de 2018, producto de la suba del dólar a consecuencia de la devaluación del peso. Esta decisión, sancionada como una resolución, sería para beneficiar a las distribuidoras de gas, y se sumaría al aumento del 35% en la tarifa del servicio, que ya se empieza a sentir en el mes de octubre.
Según el escrito presentado a la Justicia de La Plata, “el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos”.
Además, agrega que la resolución "establece tasas de interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es completamente ilegal".
De esta forma, señala que la resolución es inconstitucional y nula, y establece que, aún si la Justicia decreta que es legal el traslado del precio dolarizado a los usuarios, “el Poder Ejecutivo no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos".
Fuente: El Intransigente
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