Un fiscal pidió la suspensión urgente de los planes sociales otorgados

Argentina 14/11/2022 Por Luján 365
Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal en Comodoro Py, luego de realizar una investigación preliminar sobre las irregularidades detectadas por el ministerio de Desarrollo Social
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El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal en Comodoro Py luego de realizar una investigación preliminar sobre las irregularidades detectadas por el ministerio de Desarrollo Social en el cobro del Programa Potenciar Trabajo.

Se trata de un escándalo que salió a la luz la semana pasada cuando se supo que más de 250 mil personas, que compraron dólares o que declararon bienes personales accedían al beneficio social, algo prohibido en los términos de la asistencia y por ley.

Marijuán inició una investigación preliminar luego de que Infobae revelara la existencia de beneficiarios de ese plan social que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de bienes personales, hechos que no los ubicaría entre los que pueden acceder al beneficio.

En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario judicial dijo que si una persona solicita la ayuda social porque está desocupada "no puede de ningún modo comprar dólares para acopiar o revender" y que "si supera el mínimo imponible de bienes personales no es una persona que necesite la ayuda del Estado". En el caso de las personas fallecidas aclaró que el cobro del programa social no es algo que otra persona puede heredar, sino que una vez que se constata el fallecimiento, el beneficio cesa. 

La denuncia 

Solicitó la información sobre el informe del ministerio que se hizo con los datos que analizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a partir de analizar los números allí vertidos hizo la denuncia. La misma es por el delito de defraudación contra la administración pública cometido porque quienes se inscribieron en el Programa Potenciar Trabajo sin tener las condiciones para hacerlo. Fue allí donde el fiscal pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento.

El ministerio de Desarrollo Social, había pedido que la AFIP cruzara la información disponible de los beneficiarios de Potenciar Trabajo para relevar cuál era la situación económico- financiera de los que recibían esa prestación estatal. La primera información relevada fue la de los consumos con tarjeras de crédito o débito de los beneficiarios que superaran en dos o más veces los ingresos provenientes del plan social.

Luego se amplió el pedido y se solicitó saber cuáles fueron los ingresos de los últimos seis meses de cada uno de los beneficiarios, sus posesiones de bienes muebles e inmuebles, sus datos previsionales, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud y sus declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales, algo que es incompatibles con el beneficio. También pidieron el relevamiento de los muertos que figuraban cobrando el Potenciar Trabajo.

Para realizar la investigación preliminar Marijuán pidió los datos del informe al ministerio que ahora encabeza Victoria Tolosa Paz.

La AFIP analizó 1.382.279 casos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y halló las siguientes irregularidades

44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.

52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.

8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.

209 poseen medicina prepaga o cobertura social.

35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Ante esas irregularidades el fiscal hizo la denuncia y además pidió la suspensión del cobro de los planes. "Se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP" indicó Marijuán.

-”Se solicite al Ministerio de Desarrollo Social la remisión de las actuaciones administrativas labradas en consecuencia del relevamiento efectuado por la AFIP”.

FUENTE: JORNADA ON LINE

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