Una concejala renunció a su sueldo porque no quería perder sus planes sociales

Todo ocurrió en Salta apenas comenzó la pandemia. Con el aislamiento obligatorio, el Gobierno Nacional creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para “compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria”. Eran 10 mil pesos por mes para quienes estuvieran desocupados, con trabajos informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares. Pero en Salta medio centenar de concejales, con trabajo formal, se anotaron para cobrar ese beneficio. Eso derivó en una megacausa judicial, que tuvo diferentes vertientes: la mayoría de los acusados buscó una solución alternativa para no ser condenados, renunciaron y devolvieron el dinero; otros quedaron sobreseídos porque no llegaron a cobrar, en una decisión apelada ante la Corte Suprema, y otros ocho legisladores comunales llegaron a juicio oral.

Entre ellos, se encuentra el caso de Nicolasa Maras, representante comunal de la localidad salteña de Los Toldos que -según el censo de 2010- tiene 2320 habitantes. Para ella, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, pidió esta semana una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con el incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Junto a ella también fueron acusados los concejales Paola Cantarella, Gabriela Cazón, Hector Sebastián Cari y Jesús Cuellar, quienes fueron reelectos en sus cargos en diciembre de 2021. La fiscalía no solo pidió condenas sino que renuncien a sus cargos. Para el sexto acusado, José Reynaga, se pidió un año y medio de condena y para los últimos dos implicados la absolución. La acusación fue escuchada por el Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por el juez Marcelo Juárez Almaraz, que si hace lugar al planteo llamará a una segunda etapa -en el marco del nuevo sistema acusatorio- para fijar penas, precisaron a Infobae fuentes judiciales.

En el juico oral que comenzó en febrero pasado se escucharon las pruebas y los testimonios que, a criterio del fiscal, acreditaron que “los imputados tenían pleno conocimiento de que el beneficio que el Estado implementó para paliar las circunstancias devenidas de la pandemia, no los comprendían, en tanto, el decreto que lo implementó establecía fehacientemente el sector al cual estaba dirigido: el más vulnerable de la población, personas que tenían trabajos informales”.

Sin embargo, resaltó Toranzos en su alegato, estos concejales llenaron un formulario de inscripción y se inscribieron como si cumplieran los requisitos para el cobro, a través de “ardid y engaño”. Con su conducta, dijo, buscaron “percibir un beneficio social a sabiendas de que no les correspondía, toda vez que las personas con una relación de dependencia laboral” no podían pedir el IFE. Ninguno de los acusados pudo alegar desconocimiento: las normas estaban claras en la página del ANSES cuando se anotaban.

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Fuente: Infobae