Un informe elaborado por los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo, de Ieral, asegura que el poder de compra de los jubilados disminuyó un 18,5% en los últimos 3 años.

Otro dato llamativo de dicho informe es que, en los últimos 15 años, el número de beneficios otorgados por la ANSES se incrementó en un 112%, sobre todo por las moratorias previsionales que permitieron que más de 3 millones de personas que no tenían aportes pudieran jubilarse acorde a los requisitos de la ley.

De las jubilaciones actuales, 3,6 millones de personas se jubilaron con moratoria, y 3,1 millón no necesitaron la ayuda de la moratoria para jubilarse.

Respecto de las prestaciones previsionales, entre enero y abril de 2021 se destinó un 9,2% menos de dinero respecto de los mismos meses el año pasado. El informe destaca que "El principal componente del gasto del sector público nacional está constituido por las prestaciones previsionales y este concepto ha registrado una calara retracción"

Esta disminución de lo asignado a los pagos previsionales con respecto a 2020 implica un fuerte reajuste para el bolsillo de los adultos mayores. Las subas de los haberes se ubicaron por debajo de la inflación (sobre todo en los haberes medios) y también corresponde a la disminución del número de jubilaciones otorgadas, en el último año se jubiló un 50% de menos personas que el año anterior.
 
De un análisis de los precios, se desprende que los haberes previsionales de marzo de 2020, en comparación con los de marzo de este año, resultan en un casi 30% superiores, mientras que la inflación interanual alcanzó el 42,6%. Esta brecha implica una caída del 9% del poder adquisitivo de los jubilados.
 
Si bien hubo bonos extras, estos fueron solo para los que menos ganan, y como señalé anteriormente, los haberes por encima de la mínima son los que más perdieron.

Es por esta razón que se prevé un alto aumento de litigiosidad previsional en los próximos años, ya que la brecha entre inflación-haberes jubilatorios-poder de compra es cada vez más alta y la Justicia tendrá que decidir si esta política de Estado es constitucional o no.

* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista - Matrícula CPACF T 70 F 987