El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, aclaró que las empresas que enviaron facturas con aumentos en el servicio de internet y telefonía deberán devolver el mes siguiente lo que cobraron de más ante la vigencia del congelamiento de tarifas.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional indicó que en las últimas horas "las empresas sacaron una comunicación confusa" respecto de las tarifas, "diciendo que si bien había un decreto, faltaba una reglamentación, pero no". "Las tarifas están congeladas desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre.

El último aumento se produjo en abril. Quiere decir que a partir de mayo la tarifa sigue igual y hasta el 31 de diciembre será la misma", puntualizó el vicepresidente del ENACOM.

En ese sentido, el dirigente de origen radical afirmó que si una empresa en la siguiente facturación aplica un porcentaje de aumento, "lo tienen que devolver el mes que viene" a través de una "nota de crédito".

Por otro lado, el titular del sindicato de jerárquicos de telecomunicaciones, Fabián Boccella, defendió este sábado la decisión del Gobierno y consideró que "lo que hay que hacer ahora es regular bien la actividad".

Según NA, evaluó que "si se desarrollan las redes, va a generar mayor empleo" y destacó la necesidad de contar con un plan "de acceso básico universal a un precio accesible, que es lo que va a definir la autoridad de aplicación".

"Al no estar regulada la industria, los privados que tienen la explotación de las licencias de telecomunicaciones, que son del Estado, siempre van a ir a la crema del negocio", apuntó y estimó que "no van a democratizar las telecomunicaciones".

Servicios esenciales 
Cabe recordar que el Gobierno congeló las tarifas de telefonía, cable e internet hasta el 31 de diciembre y los declaró servicios esenciales, tal como informó a través del Decreto 690/2020 publicado en el Boletín Oficial.

Según explicó la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, esta decisión se tomó para favorecer el acceso de la sociedad a ciertos derechos y servicios fundamentales, especialmente considerando la situación que se vive ante la pandemia del coronavirus.

Sánchez Malcom habló sobre el DNU a partir del cual se efectuará esta medida. "Básicamente declara el acceso a estas tecnologías como un derecho fundamental, respaldado por la declaración que hizo la ONU semanas atrás, porque se considera que estos servicios son una puerta de acceso a otros servicios y otros derechos que tenemos que garantizar".

De esta manera, señaló que esto favorece el alcance de las personas a la educación, a la telemedicina, al trabajo y a la producción, en tanto estén vinculados a la conectividad. Además, resaltó la importancia de esta medida durante la cuarentena, dado que permite comunicarse con seres queridos.

Sánchez Malcolm explicó en concreto qué es lo que se determinó. "Por un lado, se establece que estos servicios no puedan aumentar en todo lo que resta del año para no generar mayores restricciones a usuarios y consumidores de estos servicios", dijo. Y añadió: "También se incorporan herramientas regulatorias que tenía el Estado, y que fueron eliminadas por decreto por el gobierno anterior, que tienen que ver, no con un control de precios ni fijación de tarifas, sino que es un control de tope de aumentos".

La funcionaria subrayó que "el DNU establece la obligatoriedad de fijar una tarifa universal básica, que sea atractiva, completa y permita a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su nivel de acceso, que puedan contratar un servicio de calidad, a una tarifa única que van a poder brindar las operadoras".

La secretaría de Innovación Pública contó que esta medida se complementa con el acuerdo que hicieron con compañías de telefonía móvil, llamado "rating cero". Esta política es especialmente importante para el desarrollo de la educación porque permite que los usuarios accedan a ciertos contenidos y naveguen en plataformas digitales sin usar megas.

FUENTE: IPROFESIONAL