Después del G20, ¿minería a cualquier costo?

Opinión y Pensamientos 05 de diciembre de 2018 Por
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El G20 nos dejó la noticia de que en algunos meses Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica.

El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.

“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.

Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”.

En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?

Oportunidad o ilusión óptica

Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).

Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.

“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra

¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.

Por Juan Carlos Andrada, Especial para El Intransigente