Monopolios benévolos para favorecer intereses particulares

“El propio término “servicio público”... es un absurdo. Todo bien es útil “para el público” y casi todo bien... puede ser considerado “necesario”. Cualquier designación de unas pocas industrias como “servicios públicos” es completamente arbitraria e injustificada”, Murray Rothbard, Power and Market

 Los que vivimos en los principales centros urbanos del país todos los meses recibimos facturas que debemos pagar por el uso de los denominados servicios públicos, agua, electricidad y gas. No nos cuestionamos en ningún momento acerca del por qué no tenemos derecho a elegir como consumidores que empresas nos prestan tales servicios, y más importante aún, el precio que nos cobran por ello. Gracias a concesiones de muy largo plazo por parte de los gobiernos permiten que empresas elegidas arbitrariamente operen estos servicios en ciertas zonas geográficas de manera exclusiva. A este fenómeno económico se lo ha dado a conocer como “monopolio natural”. ¿Pero ha sido siempre así a lo largo de la historia? 

En el siglo XVIII y hasta fines del siglo XIX existieron en Estados Unidos y Europa decenas de empresas que competían entre sí para brindar estos servicios públicos: seis empresas eléctricas fueron organizadas en el año de 1887 en la ciudad de Nueva York, mientras que cuarenta y cinco empresas de electricidad tenían permiso de operar en Chicago en 1907. Hasta 1895, Duluth, en el estado de Minessota, estaba atendida por cinco empresas de alumbrado público y Scranton, en Pennsylvania, tenía cuatro en 1906.Durante la última parte del siglo diecinueve la competencia en la industria del gas era la situación normal en Estados Unidos, antes de 1884 seis empresas competitivas operaban en Nueva York.

¿Qué llevo entonces a la idea de instalar el concepto de monopolio natural?

Técnicamente los que apoyaban esta teoría decían que un monopolio natural se crea cuando la tecnología de producción, como por ejemplo los costos fijos elevados, provoca que los costos totales en el largo plazo declinen al aumentar la producción. En tales industrias, un solo productor eventualmente será capaz de producir a un costo más bajo que dos o más productores, con lo que los precios serán más altos si hay más empresas brindando el mismo servicio en ese mercado.

Por lo tanto sería más conveniente abrir paso a este tipo particular de monopolio. Sumado a esta cuestión referida a la economía de escala, los políticos y economistas pro monopolio natural, esgrimían también el problema de la duplicidad excesiva. Esto se refiere a que es demasiado costoso y molesto para la comunidad  permitir que más de un proveedor de agua potable, energía eléctrica o distribuidor de gas excaven en las calles.

Lo curioso de este nuevo paradigma planteado por los gobiernos  y economistas que ejercían un fuerte lobby, es que no existe evidencia alguna de que la historia del “monopolio natural” ocurriese alguna vez en la práctica, es decir, que un productor alcance costos promedios más bajos en el largo plazo que otros en la industria y de esa manera establezca un monopolio permanente.

En uno de los primeros análisis estadísticos de los efectos de la regulación de tarifas en la industria eléctrica, publicado en 1962 en Maryland, George Stigler y Clare Friedland encontraron diferencias significativas en precios y utilidades de servicios públicos entre 1917 y 1932.El resultado fue que con las nuevas intervenciónes por parte del estado los precios aumentaron un 46%, las ganancias de la empresa distribuidora lo hicieron en un 38%, mientras que esta redujo el nivel de producción un 23%. Las regulaciones iniciales de las tarifas no beneficiaron al consumidor, sino más bien quedaron capturados por la nueva empresa concesionaria.

Esta política de monopolios creados y protegidos por los estados se estableció firmemente sobre una porción significativa de la economía y se volvió la base de la regulación moderna de los servicios públicos. Pero no existe monopolio sin una falla de mercado o la intervención del estado, por lo que la mejor manera de legitimar una política pública es creando un relato donde se exponga la necesidad de que este tiene que ejercer un poder regulador en beneficio de los consumidores, aunque sea ficticia.

El hecho es que desde entonces el status de servicio público se volvió el refugio y el anhelo de todas las empresas aspirantes a monopolistas, ya que encuentran muy difícil conseguir y mantener un monopolio que se establezca a partir de sus aptitudes privadas para establecer negocios y no negociados.

Como consumidores de estos servicios: ¿No tendríamos el derecho de elegir libremente qué empresa queremos que nos ofrezca  el servicio por nuestro consumo diario de luz, agua o gas? El hecho de que resultase molesto de que excaven en nuestra calle para que una nueva empresa de gas tienda una nueva línea e ingrese al mercado: ¿no sería compensado al pagar una menor tarifa por el gas que utilizamos?

Difícil cambiar una situación tan enquistada en el sistema por tantos años, pero vale hacer el esfuerzo al menos de analizar si es que el estado busca establecer un monopolio benévolo, preocupado por los bolsillos de sus contribuyentes, o si en definitiva lo que persigue es mantener los privilegios particulares de empresas amigas a través de subsidios y ejerciendo poco control sobre el estado de sus inversiones y la calidad de los servicios que brindan a los ciudadanos.

Sobre el autor: Gonzalo Ceschin es Licenciado en Economía