Buscan suspender en Mendoza la ejecución de sentencias hipotecarias hasta el 2023

La Legislatura de Mendoza avanza en una iniciativa que pretende suspender la ejecución de las sentencias hipotecarias hasta el 2023 teniendo en cuenta el contexto de crisis económica que se generó en el 2001.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en su reunión habitual de los miércoles, resolvió darle despacho positivo a cuatro iniciativas. La primera tiene que ver con la suspensión de deudas hipotecarias comprendidas en la ley 8182, cuyo autor es el senador Pablo Priore.

Se trata de ejecuciones que tengan por objeto el cobro de deudas hipotecarias UVA, que recaigan sobre vivienda única, familiar y de ocupación permanente, ya sea que estén con expediente en trámite o ya cuenten con sentencia firme.

Luego de la crisis de 2001, quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa, motivo por el cual se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos.

En Mendoza se sancionaron las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida.

El segundo despacho corresponde a un proyecto presentado por la ahora diputada Daniela García, cuando era senadora. Se trata del expediente N° 72502 a través del cual pide se declare Patrimonio Histórico Cultural y Turístico a la Capilla Histórica ubicada en el Plumerillo en Las Heras.

También obtuvo despacho favorable el expediente Nº74990, cuya autora es la senadora Natacha Eisenchlas, el cual propone una modificación a algunos artículos de la ley 6722 en lo referente a las licencias especiales de invierno para el personal policial. La temática ya fue analizada por las autoridades del Ministerio de Seguridad y están de acuerdo ya que viene a darle un soporte legal a una acción que se venía haciendo habitualmente en la institución.

Se trata de la franquicia especial de invierno que anualmente se le otorga al personal que desarrolla su labor en el ámbito de la cartera de Seguridad. El otorgamiento de esta franquicia es un modo de reconocer la predisposición, esfuerzo, disciplina, dedicación y compromiso con la comunidad que desarrolla el personal policial, sobre todo en aquellos casos en los que se observa un comportamiento ejemplar en el cumplimiento de su deber.

Hasta el momento el instrumento normativo utilizado han sido sucesivas resoluciones ministeriales que se renuevan anualmente. No obstante lo cual, y atendiendo a la gran legitimidad de la que esta medida goza en el seno de la fuerza policial, los legisladores consideraron necesario plasmarlo en una Ley que incorpore al plexo normativo de nuestra provincia un instrumento cuya eficacia ha sido suficientemente comprobada a través de los años en términos de una política de recursos humanos empática y tendiente al bienestar del personal.

El cuarto despacho favorable corresponde al expediente N° 49737 que se acumula al 72916 a través del cual se modifican los artículos 2, 4, 6 y 9 de la ley 7346 modificatoria de la ley 3058 del sistema de número cerrado para el ejercicio de la profesión de escribanos.

Por último quedaron en estudio los expedientes N° 75991 y 74990. El primero es de autoría del senador Samuel Barcudi y busca crear una oficina específica en la Dirección de Defensa al Consumidor para el asesoramiento legal, seguimiento, recepción de denuncias sobre estafas y delitos mediante el robo de datos por internet o llamadas telefónicas. Para el análisis de este proyecto la semana pasada estuvo la directora de Defensa al Consumidor, Mónica Lucero de Nofal.

FUENTE DIARIO UNO